Artículo del blog
Elecciones S.A. , democracia en oferta.
Publicado 1 de junio de 2026 · Por Rodrigo Andrés Moreno Miranda
Resumen del artículo
Hay una pregunta que pocas veces nos hacemos en voz alta cuando miramos las papeletas electorales: ¿por qué conocemos a algunos de estos candidatos y a otros no? La respuesta incómoda tiene un denominador común, dinero. Y en Chile, el dinero no está distribuido en igualdad de condiciones entre quienes aspiran a representarnos. La ley establece límites de gasto electoral y un mecanismo de reembolso estatal por voto obtenido. Sobre el papel, eso suena razonable. El problema es que el reembolso llega después de la elección, pero la campaña se financia antes, para gastar, hay que tener; para tener, hay que poder pedir prestado, recibir donaciones o disponer de recursos propios. Y esa capacidad no es democrática, es patrimonial, social y mediática. El sistema funciona, en esencia, como una pelea, donde uno llega con un palo y el otro con un porta aviones militar, todos tienen la misma oportunidad formal, pero no todos parten en las mismas condiciones reales. A eso se suma otra trampa estructural que pocos discuten abiertamente, los partidos políticos reciben anticipos estatales calculados en base a los votos que obtuvieron en la elección anterior del mismo tipo. Quienes ya estaban, reciben más, quienes llegan con ideas nuevas, reciben lo mínimo. El sistema, en su diseño actual, premia la permanencia y castiga la renovación. Entonces algo incomodo, dentro de los propios partidos, los recursos no necesariamente fluyen hacia los candidatos con mejores propuestas o mayor preparación, sino hacia quienes tienen mayor proyección mediática o mayor espalda financiera para sostenerse solos. Investigaciones periodísticas como las de CIPER Chile han documentado con detalle cómo las diferencias en recaudación y gasto entre candidatos resultan abismantes incluso en el marco de un sistema que se supone regulado, con aportes individuales que superan con creces el sueldo promedio de un chileno. El resultado de todo esto lo vemos en las papeletas. En las elecciones municipales y regionales de 2024, entre los candidatos figuraron ex chicos de reality, actores de teleseries, hijos de empresarios mediáticos y ex figuras del deporte profesional postulando a alcaldías, gobernaciones y concejos a lo largo del país. No es una crítica moral a las personas, ya que la Constitución establece que cualquier ciudadano chileno con derecho a voto, que cumpla la edad mínima requerida y haya completado la enseñanza media, puede postular (Esa amplitud es deliberada y valiosa). El problema no es que postulen, el problema es que el diseño del sistema los favorece estructuralmente por encima de candidatos con más preparación pero menos visibilidad. Un rostro conocido de la televisión no necesita financiar publicidad para que su cara llegue a los hogares, porque ya llegó. Esa es una ventaja competitiva que ninguna ley de financiamiento puede igualar mientras el debate público siga siendo dependiente de la exposición mediática previa. El politólogo Giovanni Sartori advirtió hace décadas sobre la "videocracia", ese fenómeno por el cual el gobierno termina siendo ejercido por los más visibles en pantalla, no necesariamente por los más capaces, entonces la democracia mediática sustituye la deliberación racional por el reconocimiento emocional. Chile no está ajeno a esa tendencia, la está viviendo en cada proceso electoral con mayor fuerza. La paradoja es profunda. La Constitución abre la puerta a cualquier ciudadano, pero el mercado electoral la cierra de facto a quienes no tienen dinero ni fama. El candidato con formación técnica, con un programa elaborado y propuestas concretas, pero sin recursos ni visibilidad, enfrenta una barrera práctica mayor que el rostro televisivo, ex deportista, influencer, etc sin idea de las obligaciones que representa el cargo al que postulan. Así el ciudadano, no elige al más capaz, elige al más visible y la visibilidad, en Chile, tiene precio. Pero el problema va aún más allá, porque esta lógica termina dejando al ciudadano sin el poder real de decidir quién guiará su destino y el de su familia. Se crea una ilusión de elección, una vitrina cuidadosamente diseñada donde algunos candidatos ocupan todo el espacio visible mientras otros apenas logran existir ante los ojos de la población. Es como entrar a un supermercado y encontrar en el anaquel principal las dos bebidas más conocidas, iluminadas, al alcance de la mano y repetidas en cada publicidad, mientras una bebida nueva, que podría incluso ser mejor, queda escondida en la bandeja de abajo, cerca de los lácteos, fuera de la vista de casi todos. Formalmente existe la posibilidad de elegirla, pero en la práctica el sistema está diseñado para que la mayoría jamás repare en ella. Las consecuencias de este ciclo son medibles. Encuestas recientes del Centro de Estudios Públicos muestran niveles de confianza en los partidos políticos y el Congreso que bordean el piso histórico, con una ciudadanía que el propio CEP describe como "indiferente": sin identificación con el eje izquierda-derecha, sin adhesión a los partidos, y con una percepción mayoritaria de que las instituciones democráticas no responden con eficiencia ni eficacia. Este deterioro no es casual. Cuando los candidatos más mediáticos llegan al poder con promesas que el cargo no puede cumplir, la desconfianza se profundiza, entonces el dicho popular de que "todos los políticos mienten" no es del todo correcto, lo más preciso sería decir que quienes no mienten no logran llegar a la ciudadanía con sus propuestas. Y eso es un fracaso del sistema, no de las personas. Hace más de una década que la crisis de representación en América Latina tenía entre sus causas centrales la desigualdad de oportunidades entre candidatos en recursos y acceso a medios. Chile no ha resuelto ese diagnóstico, pero lo que sí ha ocurrido es que la discusión pública se ha ido desplazando de lo técnico y programático hacia lo mediático e inmediato, alimentando un populismo de ciclo corto que genera expectativas que no puede satisfacer, y que cada vez más aleja a la ciudadanía de sus representantes. La solución no es compleja ni radical. Es, en el fondo, de sentido común democrático: que SERVEL entregue a cada candidato, al inicio de la campaña, un monto fijo e igualitario para financiarla, sin reembolso posterior condicionado a resultados, sin anticipos que premian a quien ya tiene trayectoria. Un monto determinado para cada candidato, el mismo monto, y que ninguno pueda gastar un peso adicional, cero aportes privados, cero diferencias patrimoniales, cero ventajas por apellido o cuenta bancaria. De esta manera, al menos en lo económico, todos los candidatos parten del mismo punto real, no solo del mismo punto formal. Este modelo no es una utopía. Canadá lo viene perfeccionando desde los años setenta del siglo pasado, cuando estableció límites universales al gasto y financiamiento público de campañas. La premisa de ese sistema, ratificada por sus propios tribunales, es que la igualdad en el discurso político es una condición necesaria para la participación efectiva en la democracia. International IDEA, el organismo internacional que monitorea los sistemas electorales en el mundo, ha sostenido que el financiamiento público debe determinarse con criterios objetivos, razonables y no discriminatorios para ser verdaderamente democrático. El sistema chileno cumple algunos de esos criterios en los límites, pero los incumple en el punto de partida. Lo que falta, en definitiva, no es legislación comparada ni diagnósticos académicos, ambos existen y apuntan en la misma dirección. Lo que falta es la voluntad política de un Congreso que, paradójicamente, está integrado en gran parte por quienes se beneficiaron del sistema actual. Ese es el verdadero elefante en la habitación: pedirle al sistema que se reforme a sí mismo es pedirle a Palpatine (Darth Sidius) que convoque elecciones transparentes por el bien de la república galáctica. Una democracia sana no se sostiene en las cuentas bancarias de los candidatos, sino en la confianza de la ciudadanía y esa confianza lleva años erosionándose porque el debate público se ha ido vaciando de contenido y llenando de espectáculo, imagen y marketing político. El problema no es solo quién tiene más dinero, sino quién logra existir ante los ojos de la población, entonces en la práctica, muchos candidatos con preparación, ideas y proyectos sólidos quedan completamente fuera de la conversación pública, mientras figuras mediáticas o personajes construidos desde la fama avanzan con ventaja simplemente porque ya capturan atención. Es importante entender que las democracias no colapsan únicamente por corrupción o autoritarismo explícito, también se desgastan lentamente, como una estructura que sigue en pie por fuera mientras por dentro comienza a pudrirse y eso ocurre cuando la ciudadanía deja de creer que la representación política está realmente abierta para todos y empieza a percibir que el acceso depende más del presupuesto, la exposición mediática o la capacidad de transformarse en un producto consumible que de la capacidad real para gobernar.
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