Artículo del blog
El clasismo institucionalizado de Chile.
Publicado 5 de agosto de 2026 · Por Rodrigo Andrés Moreno Miranda
Resumen del artículo
Quisiera compartir una sospecha personal, pero siento que de apoco va masificando un eco colectivo en nuestro país, la extraña e ininterrumpida prevalencia de apellidos compuestos, linajes aristocráticos y estatus sociales acomodados en la alta dirección de las instituciones del Estado. Ante esta estampa habitual en los ministerios, subsecretarías y organismos públicos, me resulta inevitable hacer una pregunta que quizás suene a mala leche de mi parte pero creo importante realizar ¿acaso los ciudadanos provenientes de estratos sociales populares o de la clase media profesional no poseen la capacidad, el talento o el deseo sincero de aportar valor a la nación? Para comprender las raíces de esta anomalía debemos remontarnos al siglo XIX, cuando se consolidó la arquitectura institucional del Chile moderno bajo la impronta de la llamada "república portaliana", materializada en la Constitución de 1833. En aquel periodo, el ordenamiento civil estricto y la segmentación de clases respondían a una realidad que no se puede discutir, ya que encontrábamos una ciudadanía masivamente analfabeta, donde el acceso a la educación formal estaba constreñido a una reducida oligarquía. Bajo esa lógica coyuntural, la élite asumió la conducción del Estado argumentando ser la única clase capacitada para garantizar el orden y el progreso. El contrasentido radical ocurre cuando, a casi dos siglos de distancia, el sistema insiste en reproducir las mismas dinámicas de exclusión en un país completamente distinto. Existe evidencia empírica que respalda esta percepción. Un estudio cuantitativo elaborado por el sociólogo Naim Bro para el Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social (COES) y publicado por CIPER Chile, reveló una disparidad abrumadora, entre 1810 y 2018, en el Congreso chileno existió prácticamente la misma cantidad de parlamentarios de apellido Larraín que de apellido González. La distorsión radica en que en Chile existen más de 411.248 personas apellidadas González y apenas unas 4.301 apellidadas Larraín, lo que significa que históricamente la representación de ciertos apellidos tradicionales ha superado por cien veces a la del apellido más común del país. Complementariamente, investigaciones sobre segregación urbana e instituciones publicadas en PLoS ONE y difundidas por ADN Radio confirman cómo los altos cargos y la representación política continúan endogámicamente sobrerrepresentados por apellidos de la élite tradicional, perpetuando una verdadera "burbuja social" en la toma de decisiones públicas. Esta desigualdad no es fortuita, sino el resultado de un sistema electoral diseñado con trampas de origen que favorecen abiertamente a las élites. Para que un ciudadano de clase media, media emergente o de sectores populares pueda disputar un escaño de representación pública, se enfrenta a una barrera económica insostenible. Enfrentar una campaña electoral exige dedicar el 100% del tiempo a recorrer las calles y presentar propuestas. Sin embargo, la realidad de la inmensa mayoría de los chilenos es que las familias no dejan de comer, de pagar arriendo, colegios, universidades o movilización simplemente porque uno de sus integrantes decida postular a un cargo público. La narrativa oficial nos recuerda que el Servicio Electoral (Servel) reembolsa dinero por cada voto obtenido, pero allí radica la trampa, la palabra clave es “reembolso”, un mecanismo posterior a la elección que exige, de manera obligatoria, contar con una espalda financiera o créditos bancarios que la ciudadanía común no posee. Así, el derecho a competir queda reservado únicamente para quienes pueden permitirse el lujo de arriesgar su patrimonio o para quienes cuentan con el respaldo de grandes capitales. Frente a esta contradicción, donde la Constitución garantiza la igualdad ante la ley y la Ley 20.609 prohíbe la discriminación arbitraria, entonces cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué el Servel no entrega un monto fijo e igualitario a cada candidato legalmente inscrito, fiscalizando de manera estricta donde no se puedan recibir aportes ni fondos extra de ninguna otra fuente? Una reforma de esta naturaleza establecería un verdadero Fair Play económico. Como consecuencia inmediata, la política dejaría de ser un negocio lucrativo para las redes de influencias y atraería exclusivamente a quienes poseen una genuina vocación de servicio, reduciendo además de forma drástica el gasto público en reembolsos electorales. Dado este escenario de agotamiento institucional donde irrumpieron fenómenos como el Partido de la Gente (PDG), un actor político que irrumpió abriendo grietas en la estructura tradicional al permitir que personas de sectores históricamente postergados accedieran a espacios de decisión parlamentaria e institucional. Más allá de las luces y sombras operativas de cualquier conglomerado, el mérito de este tipo de plataformas residió en democratizar la entrada al poder, canalizando la legítima ambición de miles de profesionales de clase media, dirigentes locales y emprendedores que nunca habrían tenido una oportunidad en las listas cerradas de la política tradicional. Este hito demostró que la ciudadanía común no solo está preparada para disputar espacios de liderazgo, sino que existe una demanda contenida por voces que reflejen la realidad directa del Chile profundo y no los sesgos endogámicos de un privilegio de linaje. Ahora bien, democratizar el acceso a la política e integrar a sectores históricamente postergados (superando las barreras del origen y del financiamiento electoral) no debe confundirse jamás con una apología de la improvisación. Como planteé en una columna anterior sobre el peligro de confundir representación con capacidad, la legitimidad democrática y la vocación popular son el punto de partida indispensable, pero no otorgan "superpoderes" automáticos para administrar la complejidad del Estado. Abrir la cancha a la clase media y a la ciudadanía empoderada exige, en paralelo, establecer mecanismos obligatorios de nivelación técnica y capacitación posterior para las autoridades electas. Volviendo a al tema central de esta columna, para graficar lo absurdo de esta inercia, basta imaginar el funcionamiento de una familia funcional. Cuando los hijos son pequeños e inexpertos, resulta natural y prudente que los padres asuman la totalidad de las decisiones del hogar. Sin embargo, en un hogar sano, a medida que esos hijos crecen, se educan, se forman profesionalmente y adquieren madurez, la dinámica familiar se transforma, entregando espacios, se escucha su voz y se integran sus capacidades para el bienestar común. Mantener a hijos adultos, preparados y capacitados al margen de la mesa de decisiones, tratándolos perpetuamente como menores incapaces, solo produce resentimiento, frustración y una ruptura irreparable en la confianza familiar. Eso es exactamente lo que ocurre hoy con la ciudadanía chilena. Hoy nos encontramos ante un pueblo profundamente distinto al del siglo XIX, la cobertura de la educación superior se ha multiplicado, existe una ciudadanía informada, empoderada y profesionalizada a lo largo de todo el territorio. Seguir administrando el Estado bajo el sesgo de que el verdadero mérito o la visión de país solo habitan en ciertas comunas o en determinados apellidos es un anacronismo insostenible. Las consecuencias de mantener esta lógica clasista están a la vista de todos. Según la última Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), la confianza de la población en los partidos políticos se sitúa en un histórico y exiguo 6%, mientras que el Congreso bordea apenas un 13% de credibilidad. La ciudadanía no rechaza la política por apatía, sino porque percibe que las puertas de la gestión pública están blindadas por redes de contacto y privilegios de cuna que eclipsan el talento real. La baja adhesión partidaria y el constante cuestionamiento a la autoridad son la respuesta natural de una sociedad que exige ser reconocida por sus capacidades y no por la alcurnia de su linaje. Incluso desde una perspectiva ética y moral profunda, esta separación arbitraria carece de sustento. Como bien recuerda el pasaje bíblico de Proverbios 22:2, "El rico y el pobre tienen esto en común: a ambos los hizo el Señor". La capacidad de servir, la integridad intelectual y la vocación de aportar valor público son virtudes transversales que no entienden de estratos económicos ni de apellidos compuestos. Democratizar el acceso a las altas responsabilidades del Estado no es una concesión condescendiente, sino el paso indispensable para devolverle la legitimidad a nuestras instituciones y construir, de una vez por todas, una república verdaderamente inclusiva.
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